Estado otorga 78% de contratos por adjudicación directa: IMCO

• Omite licitaciones.
• Así mismo, 80% no son públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, reveló el Instituto Nacional de la Competitividad.
• Entidad veracruzana se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional entre los estados que mayor monto entregaron a empresas de reciente creación, esto es de menos de un año.

Xalapa
Durante el 2021, las instituciones públicas de la actual administración del Estado de Veracruz, entregaron el 78 por ciento de sus contratos por la vía de adjudicación directa, y casi el 80 por ciento de estos no son públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), reveló el Instituto Nacional de la Competitividad (IMCO).
Al analizar las compras públicas de 32 entidades en el estado, el IMCO reveló irregularidades en el cumplimiento de la transparencia de estos contratos; en el caso de Veracruz, detectó que entregaron contratos por 17 mil 667 millones 414 mil 825 pesos, pero el 78 por ciento fueron otorgados por adjudicación directa, el 8 por ciento por licitación pública y el 7 por ciento por invitación restringida.
Además, la entidad veracruzana se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional entre los estados que mayor monto entregaron a empresas de reciente creación, esto es de menos de un año, con 75 millones de pesos; además, entregó al menos 100 millones de pesos a empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En primer lugar se ubica Jalisco con 121.7 millones de pesos; le sigue Quintana Roo, con 108 millones, Ciudad de México con 88 millones y Veracruz en cuarto lugar con 75 millones de pesos.
Cabe destacar que entre las irregularidades detectadas en cuanto a la transparencia de los contratos entregados durante el 2021 en el estado de Veracruz destacan la publicación de links que redireccionan a la página del Gobierno del Estado, pero no del contrato en sí.
Ejemplo de ello, es la Fiscalía General de Veracruz que publicó mil 884 veces el mismo enlace con el siguiente mensaje: “Por la naturaleza de la información que se reporta, no existe documento al cual remitir, por lo que NO PROCEDE realizar un hipervínculo a este formato en el Departamento de Adquisiciones”.
De manera general, IMCO determinó que a pesar de ser una obligación de transparencia, no todas las instituciones estatales publican información sobre los procesos de compra, pues durante 2021 sólo 52 por ciento de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la PNT. El resto, dos mil 423 instituciones, omitieron publicar información sobre sus procesos de compra.
Además, seis de cada 10 adjudicaciones directas estatales publicadas en la PNT no cuentan con un acceso directo al contrato; seis de cada 10 procesos estatales publicados en la PNT y realizados a través de adjudicación directa no contaban con un enlace directo al contrato, mientras que cinco de cada 10 concursos no contaban con un enlace directo a la documentación completa.
Cinco de cada 10 concursos disponibles en la PNT, licitaciones públicas e invitaciones restringidas, no tienen un enlace directo a la documentación completa. De acuerdo con las compras registradas en PNT durante 2021, las instituciones estatales asignaron contratos por un monto de más de tres mil millones de pesos a proveedores riesgosos. Oaxaca y Nuevo León fueron los dos estados con mayor número de contratos a empresas fantasma por un monto total de dos millones 695 mil pesos.
El IMCO advierte que existen limitaciones al acceso oportuno y completo. Las compras públicas presentan duplicidad y omisión de información, errores de captura, falta de homologación en las respuestas y un registro incompleto de las instituciones estatales.
“El registro parcial constituye una falta al acceso a la información pública, aumenta la opacidad y dificulta el monitoreo de los recursos públicos”.
Y señala que la opacidad en los procesos de compra de los estados impide conocer detalles de los bienes y servicios adquiridos, lo que aumenta los riesgos de corrupción al no existir una forma eficiente y efectiva de monitorear cuánto y en qué se gasta.