Agresores, fuera de candidaturas

• Tampoco podrán ser nominados a cargos públicos; el dictamen fue turnado al Senado de la República

Al grito de “ningún agresor al poder”, con 455 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, se aprobó en Cámara de Diputados la reforma constitucional que suspende derechos a ocupar cargo o empleo en servicio público a acosadores, deudores de pensión y quienes incurran en violencia familiar.

El dictamen pasó al Senado para que ahí se analice y, en su caso, se apruebe o ajuste.

Con encendidos mensajes sobre las expresiones que cotidianamente normalizan las agresiones hacia las mujeres, como “lo que pasa en casa se queda en casa”, diputadas de todas las fuerzas celebraron los cambios a los artículos 38 y 102 para sacar de las boletas electorales y de los cargos públicos a los sancionados por esas agresiones.

Sin embargo, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió frenar la discusión de este dictamen, al considerar que sólo sería utilizado como un instrumento de persecución política y que no tendría futuro ni impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Su contrapropuesta era establecer la gradualidad de los castigos y evitar lo que llamó “una muerte civil” para los señalados.

“¡Somos todas, no están solas!”, gritaron en tribuna legisladoras de Morena, al acompañar a su vicecoordinadora, Aleida Alavez Ruiz, artífice clave del proyecto que se construyó en el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva.

Aseguró la morenista que diputadas de todos los grupos parlamentarios lograron este consenso, que calificó histórico, por encima de diferencias políticas y partidistas. “El mensaje es 0 tolerancia a la violencia de género”, advirtió.

Alavez Ruiz dijo que las diputadas que sacaron adelante esta reforma recibieron amenazas y presiones para que se desistieran de la iniciativa denominada 3de3 contra la violencia que ya se aplica en 9 entidades.

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Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les puede seguir premiando con el poder”, señaló la diputada Joanna Felipe Torres, al fijar postura en representación del PAN.

Por Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Mirza Flores destacó que esta reforma obligará a los partidos políticos y a todas las entidades de la administración pública a exigir a quienes sean postulados en candidaturas o cargos públicos por designación que no incurran nunca en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de las violencias.

Hoy, en esta Cámara de Diputados se hará historia con la aprobación de este dictamen que ha costado mucho encontrar consensos en el resultado de varias horas de discusión, donde nos pusimos de acuerdo mujeres de los distintos grupos parlamentarios. No fue fácil, fue intenso, fue ríspido”, expuso Ana Karina Rojo (PT).

Esta iniciativa es producto de los esfuerzos de feministas, activistas, defensoras de derechos humanos y demás mujeres que a título personal luchan por la erradicación de la violencia”, dijo Karla Almazán (Morena).

Elegir a personas que han cometido actos de violencia contra las mujeres, es ignorar la gravedad del problema. Por ello, con este dictamen, se envía un mensaje claro, la violencia de género no será tolerada más en ningún ámbito ni público ni privado, y también no depende de qué cargo ocupen, así sea el Presidente de la República”, planteó la secretaria general del PRI y diputada federal Carolina Viggiano.