En los juicios de amparo promovidos, Veracruz tendrá que anular Prisión Preventiva Oficiosa

  • Las sentencias de la Corte Interamericana, obligan a todos los ciudadanos cuando se trate del principio por persona, aseguró el abogado Tomás Mundo.
  • Los jueces le están negando a la entidad veracruzana el cambio de medida cautelar, pero eso es por consigna y no por razonamiento jurídico.

#Xalapa

El nuevo criterio adoptado por el Poder Judicial de la Federación, de dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los imputados a quienes se le hubiera impuesto, abriría la puerta para que 3 mil 356 presos en Veracruz puedan recuperar su libertad.

Desde el viernes 13 de julio de 2023, fue aprobada la Contradicción de Criterios 40/2023, que ordena conceder la suspensión provisional en los juicios de amparo promovidos en contra de la imposición de la prisión preventiva oficiosa para el efecto de que ésta sea anulada y, en su lugar, se imponga una medida cautelar diversa al considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, contraria a las normas de Derecho Internacional obligatorias para México. sin embargo, en Veracruz no se quitó dicha medida.

En entrevista para una estación de Radio del puerto de Veracruz, el abogado Tomás Mundo Arriasa, aseguró que esta decisión repercutiría de manera directa e indirecta a la entidad veracruzana.

«Repercuta de manera directa porque únicamente toca a partir del centro hacia el norte del país, pero sí la afecta de manera indirecta porque hay una contradicción de una tesis que hablaba de la jerarquía de los tratados internacionales y la constitución, sin embargo, las sentencias de la Corte Interamericana, obligan a todos los ciudadanos cuando se trate del principio por persona».

Agregó que en estos momentos, los jueces le están negando a la entidad veracruzana el cambio de medida cautelar, pero recalcó que eso es por consigna y no por razonamiento jurídico.

Indicó que los jueces federales sí se encuentran tomando en cuenta esta medida.

Finalmente, considera que el problema es la falta de capacitación correcta tanto para los fiscales como para los jueces.