Alcalde de Nogales cometió un delito al sumarse al bloqueo en el puente de la pista

• Se le imputaría: ataques a las vías generales de comunicación .
• A quien interrumpa la circulación se imponen penas de 3 meses a 7 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA.

El alcalde de Nogales, Libni Zuriel de la Cruz Cruz; en lugar de pedirles retirarse, se sumó a los manifestantes y apoyó el bloqueo en el puente de la pista.

#Nogales

A pesar de que las razones puedan ser válidas y apremiantes, no se puede exigir justicia cometiendo un delito; bloquear o apoyar el bloqueo de una vía es un delito grave que conlleva sanciones severas, independientemente de la motivación de la protesta

Un alcalde que apoya, promueve o participa en el bloqueo de una carretera en México; comete el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

Esta acción es considerada un ilícito federal grave, ya que la Constitución y diversas leyes protegen el libre tránsito y la infraestructura estratégica del país; de acuerdo con el Código Penal Federal (artículo 167) y la Ley de Vías Generales de Comunicación (artículo 533), se imponen penas de 3 meses a 7 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien interrumpa la circulación en caminos federales y se sanciona con uno a cinco años de prisión a quien, para detener vehículos, ponga obstáculos en un camino público.

El alcalde de Nogales, Libni Zuriel de la Cruz Cruz, estuvo presente y apoyó el bloqueo por la desaparición del joven de 19 años, Erik Hernández Cruz.

Como muestra de apoyo, Libni Zuriel se presentó en el puente de la pista, en donde los familiares de la víctima realizaban una manifestación y bloqueo, para exigir la pronta localización del joven; en el lugar, dialogó con familiares y asistentes a quienes en lugar de pedirles retirarse, se les sumó y expresó la solidaridad del gobierno municipal y su compromiso con la manifestación y el bloqueo.

Al ser un funcionario público, el alcalde tiene la obligación de salvaguardar el orden público y el libre tránsito. Apoyar un bloqueo puede derivar en responsabilidades administrativas y penales adicionales por omisión de funciones o uso indebido de recursos públicos.

Aunque la manifestación es un derecho, bloquear vialidades federales no es un “derecho de protesta”, es un delito que la Fiscalía General de la República (FGR) persigue, advirtiendo incluso de penas mayores si se utilizan medios violentos.

Por lo que el apoyo físico, logístico o político; de un alcalde puede hacerle coautor de estos delitos.