El botín de la basura que involucraría a al diputado Zenyazen

• Propició la clausura del relleno sanitario del municipio de Cuitláhuac, dejando como única opción para 45 municipios el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas, también conocido como “Tiradero de Colorines”.
• Arrendadora Constructo S.A. de C.V. asegura haber sido despojada del complejo.

El diputado federal Zenyazen Escobar García ha sido señalado por medios locales como el operador de un presunto negocio millonario y monopolio relacionado con el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas.

#Xalapa

El diputado federal Zenyazen Escobar García ha sido señalado en el ámbito político y por medios locales como el operador de un presunto negocio millonario y monopolio relacionado con el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas, ubicado en el municipio de Nogales, Veracruz.

A mediados del mes de febrero de set 2026, alcaldes de la zona centro del estado protestaron porque a más de un año de su gestión la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, no ha hecho nada para resolver el monopolio creado por parte del diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, para que 45 municipios tengan que llevar su basura al Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas comúnmente conocido como el “Tiradero de Colorines”, en el municipio de Nogales.

Zenyazen Escobar García propició durante el periodo del peor Gobernador que ha tenido Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; la clausura del relleno sanitario del municipio de Cuitláhuac, dejando como única opción para 45 municipios el “Tiradero de Colorines”.

Ahora, el conflicto legal por la propiedad de terrenos ubicados en el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas ha derivado en señalamientos sobre un presunto despojo y posibles irregularidades en la operación del sitio donde actualmente se depositan los residuos de 45 municipios de la región.

Los promoventes del caso señalan al diputado federal por Córdoba, Zenyazen Escobar García, así como al exprocurador estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, con el negocio de la operación del relleno sanitario.

Representantes de Arrendadora Constructo S.A. de C.V. aseguran ser los propietarios legítimos de diversas parcelas dentro del complejo, incluida la denominada Celda 9. De acuerdo con su versión, denuncian que desde el 2021 les fue impedido el acceso a los predios con ayuda del IPAX; esto, pese a contar con elementos que acreditan su propiedad, como son escrituras, actas notariales, material fotográfico y una denuncia penal identificada con la Carpeta de Investigación 663/2021.

Los denunciantes sostienen que, tras quedar excluidos del control de los terrenos, la empresa Desarrolladora de Proyectos Lotto S.A. de C.V. comenzó a operar en el sitio. Posteriormente, en febrero de 2022, el Ayuntamiento de Nogales otorgó una concesión por 15 años a Materiales Oconit S.A. de C.V. para la gestión del relleno sanitario.

La asignación de dicha concesión ha generado cuestionamientos entre actores involucrados en el litigio, quienes señalan que la empresa beneficiada tendría una trayectoria enfocada principalmente en obras civiles y no en el manejo de residuos sólidos urbanos. Se denuncia una presunta red de corrupción.

Las acusaciones también alcanzan a figuras políticas y exfuncionarios estatales. Los promoventes del caso y diversos espacios de opinión locales han vinculado públicamente al diputado federal por Córdoba, Zenyazen Escobar García, así como al exprocurador estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, con las decisiones relacionadas con la operación del relleno sanitario.

Mientras tanto, el relleno sanitario continúa recibiendo residuos provenientes de entre 45 y 50 municipios de la región, situación que, según los inconformes, ha derivado en la concentración de un servicio estratégico en un solo punto de disposición final, con importantes implicaciones económicas para los ayuntamientos usuarios y jugosas ganancias para los dos políticos.

El conflicto mantiene abiertos diversos frentes legales y administrativos. Los propietarios que reclaman los terrenos aseguran que continuarán buscando en tribunales el reconocimiento de sus derechos, mientras exigen que las autoridades estatales revisen el origen y legalidad de las concesiones otorgadas.

Así mismo, los inconformes demandan una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados y transparencia en torno a las decisiones que permitieron la continuidad de las operaciones en los predios actualmente en disputa.

El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la gestión de los residuos sólidos, la transparencia en las concesiones públicas y la certeza jurídica sobre la propiedad de los terrenos donde se desarrollan proyectos de interés regional.