Cancelar Ciudades Judiciales, costaría miles de millones a Veracruz

• Como pretende Isabel Romero antes de irse.
• Los Nachón García (hermanos del titular de Sedecop), construyeron y dan mantenimiento a 8 Ciudades Judiciales de las 21 que hay.
• Cancelar los contratos, podría generar una penalización alta para el Poder Judicial, que terminarían pagando el Gobierno y los veracruzanos.

Xalapa

Aún no termina de diluirse el escándalo por los traslados de los Juzgados de Distrito a las Ciudades Judiciales, cuando ya se destapó otro de mayores magnitudes y que saldría muy costoso a las arcas estatales.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, dio a conocer que terminar de construir 12 ciudades judiciales, que están pendientes desde hace un año, van a provocar que se “endroguen” por muchos años, por lo que buscan no edificarlas. Sin embargo, esa decisión podría tener repercusiones económicas para el Poder Judicial y las finanzas de Veracruz, por las penalizaciones de cancelación de contratos.

La funcionaria, que dejará el cargo el próximo 1 de diciembre, planteó la posibilidad de cancelar los contratos que se firmaron con la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. L. y pidió el apoyo al Congreso de Veracruz, para revertir los decretos del 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018, que permitían crear una asociación público privada, y edificar 20 ciudades judiciales.

No obstante, el Congreso poco puede hacer para revertir estos contratos que se firmaron en los años 2018 y 2019, pues de acuerdo a las reglas, solo corresponde al director general de Administración del Consejo de la Judicatura avalar, anular o modificar los acuerdos de construcción.

Los 20 contratos que se han redactado establecen que si el Poder Judicial a cargo de Isabel Romero, incumple con las cláusulas, habrá penalizaciones.

Se está planteando generar un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos al cancelar al menos 12 o 10 acuerdos de mutuo acuerdo; sin embargo, estas cancelaciones costarían tanto como terminar y pagar los proyectos.

Los diputados locales aprobaron que la construcción de las ciudades se podría contraer deuda por hasta cinco mil 100 millones de pesos. El monto mensual máximo de pago no podía superar los 17 millones de pesos, más IVA.

No sólo por dejar de pagar la amillonarías cantidad se quieren cancelar las Ciudades Judiciales, se habla de conflictos de interés, uno de ellos, el de Carlos Francisco Nachón García, hermano de Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico (Sedecop) es presidente de la empresa Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V. R. L que construyeron y dará mantenimiento a las ocho ciudades judiciales, de las 21, que en este momento están funcionando.

Al momento, según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) están pendientes de iniciar los trabajos en las ciudades judiciales de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

Por lo que se ha comentado en las barras de abogados, que la decisión de cancelar los contratos, podría generar una penalización alta para el Poder Judicial, que terminarían pagando el Gobierno y los veracruzanos.

Fuentes al interior del Poder Judicial plantean que la idea es llegar a un acuerdo, que evitaría la penalización y solo se cubriría gastos generados por los empresarios, cancelando la construcción de 10 ciudades judiciales; situación que se visualiza muy difícil de aterrizar.