Motivo de alarma la multiplicación de islotes en el río Bobos
- Diputados debieran velar por la vigencia del derecho constitucional
Por Amadeus Olivarex
Martínez de la Torre, Ver.
El hecho de ver hoy verdadera cantidad de agua corriendo por el río Bobos, hace suponer que al igual que años atrás, se cuenta con abundante líquido para el consumo humano y agrícola, como para todos los fines productivos generadores de empleo y riqueza, por igual para todos. Pero no es así, el hecho también de ver la multiplicación de islotes, es suficiente motivo de preocupación, para el futuro a mediano plazo de la población en general, se dijo.
Para el caso, debe citarse que la propiedad de la nación sobre las aguas del territorio, está plasmada en la Constitución Política del país, siendo condición fundamental para garantizar la distribución y uso en función del bien público, caso de los más vulnerables: pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte de la firma del entonces Tratado de Libre Comercio, se impusieron profundos cambios a esta legislación, perdiendo su sentido de bien común, dado que sobre las aguas y los recursos minerales se impusieron los sistemas de concesiones.
De tal manera que el 70 por ciento del volumen de aguas nacionales, fueron concesionadas a agroindustrias, mineras, refresqueras y cerveceras, quedando mermados los derechos de pueblos, ejidos y comunidades, tanto rurales, como urbanas.
Para hoy, esa reforma constitucional ha generado un incremento en la desigualdad y un deterioro ambiental sin precedente; así, desde la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1994, la desigualdad en el acceso al agua y la ineficiencia y corrupción en la gestión hídrica y en el sistema de concesiones ha sido tal, que ha puesto en serio predicamento a la misma Auditoría Superior de la Federación.
Actualmente, en desastre hídrico están millones de mexicanos sin acceso a agua potable; centenares de cuerpos de aguas superficiales contaminados con metales tóxicos, sustancias radioactivas y plásticos, entre otros materiales; la sobreexplotación de acuíferos es incontenible; el 43 por ciento de las aguas residuales, no se tratan y comúnmente son usadas para riego agrícola; la Conagua no mide el agua concesionada, como tampoco revisa los sistemas de aprovechamiento, se afirma.
El resultado es de graves consecuencias para la salud, la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la deficiente provisión del vital líquido, para todos y para las diversas actividades productivas, por lo que ciudadanos manifiestan que diputados debieran velar por la vigencia del derecho constitucional, específicamente en el aprovechamiento del agua y evitar se siga contaminando, junto con el medio ambiente.
