Cómo presidenta del TSJE, Toma protesta Lisbeth e inmediatamente se subordina al Poder Ejecutivo

• Lejos de buscar la independencia y equilibrio de poderes, nueva presidenta aseguró que su gestión se ceñirá a las políticas del presidente y el gobernador.
• Abogados advierten que elección de nueva presidenta, “es ilegal y la pueden tirar»; en abril del 202, juez federal dejó sin efecto su nombramiento, pero no han acatado esa resolución.

Xalapa

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ex jueza de Poza Rica, es la sorpresa como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Fuentes al interior del poder judicial, afirman que su llegada a la presidencia se debe a un consenso entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quienes tenían cartas propias en caso de que la opción de Lisbeth Jiménez no se concretara.

En su toma de protesta, Lisbeth Jiménez, afirmó que las directrices que se seguirán desde este momento en Poder Judicial del Estado serán la profesionalización, así como la modernización de esa soberanía y combate a la corrupción.

En su primer mensaje luego de rendir protesta como Presidenta de esa soberanía, la magistrada dejó en claro que su compromiso es con la población, así como con la institución.

Afirmó de manera contundente, que todas sus acciones en este periodo de tres años que inicia este viernes, irán encaminadas a combatir la corrupción, fomentar la profesionalización y la modernización.

“Mi compromiso es con la sociedad veracruzana y con esta institución que me ha dado tanto. Las directrices que desde ahora en adelante seguiré en mi trabajo como presidenta de este tribunal, serán la profesionalización, la modernización y el combate a la corrupción”, adelantó.

Sin embargo, lejos de buscar la independencia y equilibrio de poderes, Lisbeth Jiménez se subordinó y expuso que en su gestión se ceñirá a las políticas que han planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el estado.

“Desde luego siguiendo los lineamientos o la postura que ya ha marcado nuestro Presidente de la república y nuestro señor gobernador de austeridad”, dijo y reconoció el respaldo de quienes la apoyaron para llegar a la titularidad del Poder Judicial de Veracruz.

“Reconozco la labor tan ardua que realizan día a día y que vean en mí a una compañera, porque conozco justamente los sacrificios que conlleva la labor jurisdiccional. Agradezco a todos los que me apoyaron para llegar a este momento”, finalizó.

Sin embargo, el Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz advirtió que la elección de la magistrada Lisbeth Jiménez como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ), es ilegal y la justicia federal «la puede tirar».

Roberto Rodríguez Cruz, presidente de esa agrupación de abogados litigantes, recordó que en abril del año pasado un juez federal dejó sin efecto el nombramiento de Jiménez Aguirre, pero hasta el momento no se ha acatado esa resolución.

Expuso que para evitar que el Poder Judicial de Veracruz se vea inmiscuido en un lío legal, los magistrados deben anular la elección y emitir una nueva convocatoria para otro proceso electivo.

Manifestó que el magistrado Roberto Dorantes Romero, fue obligado al retiro forzoso al haber cumplido 70 años de edad, pese a que era togado inamovible. El espacio que dejó fue ocupado por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien fue nombrada magistrada en el año 2020.

Por lo que Dorantes Romero promovió un amparo y a la postre la justicia federal ordenó su reinstalación y dejó sin efecto el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Pero hasta el momento, el Congreso del Estado no se ha pronunciado al respecto, y tampoco la ahora exmagistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz no hizo nada para acatar la resolución de la justicia federal.

Al respecto, Rodríguez Cruz aseveró que el Poder Judicial de Veracruz está en un grave aprieto, pues en su momento, el Poder Judicial de la Federación lo obligará a acatar la resolución del juez federal que otorgó el amparo a Roberto Dorantes Romero.

«Se trata de una elección ilegal porque el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como magistrada está bajo cuestionamiento legal por la justicia federal».