Viene nuevo golpe en el caso Cruz Azul
HISTORIAS DE REPORTERO
Carlos Loret de Mola
Viene nuevo golpe en el caso Cruz Azul
El Gobierno federal prepara un nuevo golpe en torno al
escándalo del Cruz Azul. Fuentes de primer nivel me confirman que desde hace
varios meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
ha estado dibujando una matriz de empresas, algunas reales y otras fantasma, a
las que habría llegado dinero de la cooperativa cementera de manera irregular.
Son muchas transferencias y muchas personas físicas, según la información a la
que tuve acceso, y los investigadores están terminando de cuadrar todos los
movimientos financieros. Los delitos que podrían fincarse incluyen evasión
fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de
dinero.
Hasta este momento, me dan a conocer, no han “amarrado” que en este entramado
de empresas y dinero estén directamente involucrados Guillermo “Billy” Álvarez,
su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, los tres directivos cruzazulinos
que formaron parte de la primera denuncia.
Este sería un segundo piso de esa primera denuncia, esa primera investigación
que le revelé en diciembre del año pasado en estas Historias de Reportero y que
se oficializó hace un par de meses. En diciembre de 2019, cuando di a conocer
en esta columna lo que vendría, la respuesta virulenta de Guillermo Álvarez
incluyó dos ataques: en varias entrevistas dijo que no era cierto lo que aquí
yo había publicado y además presentó una denuncia en mi contra.
En esas andábamos cuando vino la pandemia, y en medio de esta, la realidad lo
alcanzó: a finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló
las cuentas de “Billy” Álvarez. Luego vino un descongelamiento con el objetivo
de que la cooperativa pudiera seguir operando y los sueldos de los empleados no
quedaran atrapados como víctimas de la disputa legal entre el Gobierno y el
directivo.
Las mismas fuentes me dicen que aún no hay fecha para la presentación del
segundo expediente -el que tiene que ver con la red de empresas vinculadas al
dinero de la cooperativa- pero que están en la recta final de la indagatoria.
El manejo de este caso ha sido también motivo de una disputa en el interior del
Gobierno de la apodada 4T, entre el fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero, y el titular de la UIF, Santiago Nieto.
SACIAMORBOS
“Veneno embotellado”, le dicen ahora. Pero en 2019, el presidente López Obrador
festejó y presumió como una muestra de confianza en su Gobierno, sendas
inversiones de Coca-Cola y Pepsi.
En 2003, como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, expropió terrenos
para dárselos a la cooperativa de otro refresco: Boing. El asunto de la
expropiación llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
revirtió la decisión de López Obrador. La votación quedó 10-1 en contra de
AMLO. ¿Sabe de quién fue el único voto a favor que cosechó? De la entonces
ministra Olga Sánchez Cordero.
