Fiscalía de Veracruz, señalada de torturar para fabricar culpables 

• DOS INJUSTICIAS: Keren Selsy, interrogada, torturada y amenazada con desaparecer a su bebé, para forzarla a firmar una declaración; Diego Fernando, denunció haber sido torturado por ministeriales para incriminar a un tercero.

Veracruz es el segundo estado con más carpetas abiertas por tortura (2,441, Entre 2019 y 2024), y el primero en número de víctimas registradas (4,061); muchas de ellas personas indígenas o con discapacidad. Policía Ministerial es la autoridad más señalada en estos casos.

#Xalapa

Luego de permanecer injustamente nueve años en prisión, Keren Selsy Ordóñez Hernández fue liberada este miércoles 16 de abril.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

«La Sala Penal del TSJ Tlaxcala, en ponencia de la magistrada Mary Cruz Ornelas, resolvió la apelación y ordenó la libertad inmediata.”.

La víctima fue vinculada a permanecer 50 años en prisión, por un secuestro tras una confesión obtenida mediante torturas y amenazas de desaparecer a su hija menor de edad.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2015, cuando Keren, originaria de Xalapa, Veracruz, salió de casa de sus padres acompañada de su hija recién nacida para dirigirse al domicilio de su entonces pareja, quien le iba a dar dinero para la manutención de la bebé.

Una vez ahí, según los miembros del Centro Prodh que asumieron el caso, elementos de la policía Federal y la policía de Tlaxcala detuvieron a Keren, su pareja, su hija y una cuarta persona, acusados de participar en un secuestro.

De acuerdo con Centro Prodh, en la fiscalía de Veracruz, fue interrogada, torturada y amenazada con hacer desaparecer a su bebé, que todavía no contaba con un acta de nacimiento.

Aunque los agentes no contaban con una orden de aprehensión en su contra, Keren y su hija fueron detenidas de manera arbitraria y vivieron múltiples violaciones a sus derechos humanos. La joven, además, enfrentó un proceso doloroso donde la discriminación por razón de género imperó en todo momento.

Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos, subieron a ambas a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. Una vez que se encontraban en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. Incluso los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla.

Keren y su bebé permanecieron cuatro horas en las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz. La Fiscalía incluso realizó un certificado de integridad física a la bebé, en donde refieren que se examinó a una “niña de un mes de edad, en calidad de detenida”.

En total, desde la detención hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé pasaron 11 horas incomunicadas y sujetas a más violencia y violaciones a sus derechos humanos. Durante ese tiempo, Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja mientras continuaba siendo amenazada con causarle daño a su hija, por lo que fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado. Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar.

En el caso de la hija de Keren, las autoridades no tomaron en cuenta el interés superior de la niñez, ni tomaron acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé, como localizar a algún familiar o a una institución especializada en derechos de niñas y niños que pudiera hacerse cargo de su cuidado y protección ante la situación de su madre.

Las autoridades ministeriales no dieron aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna logró que se la entregaran.

Keren fue expuesta a medios de comunicación, exhibida como “secuestradora”. Se difundieron sus fotografías, su nombre completo y lugar de origen, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. 

Así mismo, Diego Fernando Bonilla, indígena Ñuhú de 45 años originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, enfrenta el cierre anticipado de su denuncia por tortura, pese a que existen pruebas periciales, testigos y análisis de contexto que respaldan su testimonio.

El 29 de mayo de 2023, Diego presenció el asesinato de un amigo. Al día siguiente fue llevado a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Huayacocotla, donde denunció haber sido torturado por elementos de la Policía Ministerial para incriminar a un tercero, a pesar de que no pudo identificar al agresor porque los hechos ocurrieron de noche.

Cuando rindió declaración ante el Fiscal Itinerante, con presencia de una intérprete oficial, relató lo ocurrido en su lengua materna, Ñuhú. Sin embargo, su testimonio fue ignorado y se redactó una versión en español que Diego no comprendía. Esa declaración fue usada para solicitar la aprehensión de una persona que permanece en prisión, aunque él ha reiterado que nunca la señaló como responsable.

Con el acompañamiento del Centro Prodh y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia formal por tortura el 30 de junio de 2023. Aunque se abrió una carpeta de investigación (XAL/FIM/FEIDT/219/2023), durante meses no se realizaron diligencias sustanciales, lo que motivó la presentación de un amparo (306/2023).

Gracias al juicio de amparo, se retomaron algunas diligencias, incluyendo su declaración, la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) y la programación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

Pese a estos avances, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura notificó su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal para revisión. Esto, a pesar de que su testimonio, obtenido bajo coacción, continúa siendo utilizado para mantener en prisión a una persona.

Organizaciones de derechos humanos advierten que esta decisión es grave y exigen una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural.

De acuerdo con datos de la FGR, entre 2019 y 2024, Veracruz es el segundo estado con más carpetas abiertas por tortura (2,441), y el primero en número de víctimas registradas (4,061), muchas de ellas personas indígenas o con discapacidad. La Policía Ministerial es la autoridad más señalada en estos casos.