Fiscalía de Veracruz concentra el mayor número de quejas ante Derechos Humanos

• La Fiscalía General del Estado de Veracruz es la institución que genera el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

Minerva Regina Pérez López señaló en Martínez de la Torre que es fundamental que la ciudadanía conozca sus derechos humanos y exija su cumplimiento, especialmente en casos de violencia contra las mujeres.

May Hilario

Martínez de la Torre, Ver.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, Minerva Regina Pérez López, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destacó la importancia de que la población conozca que los derechos humanos son garantías que el Estado debe asegurar, a fin de que todas las personas puedan vivir libres de violencia y desarrollar su personalidad conforme a sus aspiraciones.

Durante su reciente visita a esta ciudad, donde encabezó un conversatorio, explicó que este tipo de actividades permiten informar a la ciudadanía que tiene derechos y que puede exigir su cumplimiento, así como demandar justicia para prevenir que se repitan actos violatorios.

Como titular de la comisión, Pérez López subrayó que, en casos de violencia contra las mujeres, se brinda acompañamiento integral a las víctimas durante todo el proceso de denuncia, incluyendo la gestión de medidas de protección, atención psicológica, atención médica y seguimiento a los procedimientos derivados de cada caso.

En lo que va del año, la comisión ha recibido alrededor de 300 solicitudes, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a mujeres. De ese total, 15 casos involucran a mujeres que consideran que las autoridades no actuaron con la debida diligencia en la recepción de su denuncia o en el trato recibido.

Indicó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz es la institución que genera el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Tenemos quejas por falta de debida diligencia en la integración de carpetas de investigación; por detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad pública municipal o de la policía ministerial, así como contra autoridades de ayuntamientos”, puntualizó