DOÑA CHOFI, AMNÉSICA

AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

DOÑA CHOFI, AMNÉSICA

De todos los abogados veracruzanos que han tenido el privilegio de presidir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ninguno había tenido la suerte de Sofía Martínez Huerta, quien hace un año, en escasos 45 días, fue nombrada magistrada por el Congreso local y luego elegida fast track por el Pleno como presidenta del Poder Judicial del Estado.

Ni Edel Álvarez Peña, su antecesor, quien tampoco tenía trayectoria judicial cuando en 2010 el gobernador Fidel Herrera Beltrán lo propuso como magistrado, tuvo su buena fortuna, ya que el exalcalde de Coatzacoalcos pasó seis años en diferentes Salas del TSJ antes de que en noviembre de 2016 lo promoviera el aun gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares para presidir el PJE.

Por eso, como se recordará, el 2 de diciembre de 2019, luego de rendir protesta como presidenta del TSJE, durante el saludo a los integrantes del Pleno, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, aspirante también a la presidencia del Poder Judicial, le echó en cara a Martínez Huerta: “Veracruz siempre estará dominada por el dedazo. Aquí no importan los méritos”.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, Castañeda Palmeros, quien cuenta con una trayectoria de más de 48 años en el Poder Judicial –inició como escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, en enero de 1972–, dijo en esa ocasión que a doña Sofía “la nombraron hace unas semanas por dedazo en el Congreso y por dedazo llega a la presidencia del Tribunal. Yo no le reconozco más mérito que haber encontrado un asesor que la ha llevado a este éxito”, en presunta alusión al magistrado jubilado Dionisio Gutiérrez, con quien la flamante titular del PJE había trabajado como secretaria.

Además de Yolanda Cecilia, otros dos magistrados, Concepción Flores Saviaga y Raúl Pimentel, aspiraban también a la presidencia del Poder Judicial, pero Flores Saviaga denunció que a pesar de que hicieron una petición al Pleno para ser considerados como candidatos a la titularidad del TSJ y del Consejo de la Judicatura, se les negó la recepción de sus documentos que presentaron antes de las 10 horas de ese lunes 2 de diciembre, por lo que anunció que impugnaría ante los tribunales federales la elección de Martínez Huerta.

Sin embargo, ahora que fue destituida el pasado viernes con las similares reglas no escritas y maniobras legaloides por los mismos actores y factores políticos que hace un año la hicieron magistrada y le dieron la representatividad del Poder Judicial, doña Sofía se niega a admitir su desahucio y, por ende, reconocer que la sacan porque les falló.

Sin embargo, ella –cuya prole ha abusado metiendo amigos, novias y amantes a la nómina del Poder Judicial con sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales– acusa a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la “ilegal” embestida, señalándolos de pretender encubrir presuntos desvíos financieros del pasado, contra los que ella tampoco ha procedido penalmente a lo largo de todo este año.

OPOSICIÓN ACALAMBRADA

Solicitando, por supuesto, omitir sus nombres, algunos alcaldes de oposición han revelado que altos funcionarios del Gobierno del Estado se les han estado acercando para persuadirlos de jalar con el partido gobernante en los comicios del año próximo, en los que además de presidentes municipales se elegirán diputados locales y federales.

El argumento más contundente e intimidatorio que supuestamente les expusieron es que más les convenía apoyarlos porque ellos, con las policías estatal y federal, así como con el Ejército y la Marina de su lado, iban a tener “el control” de todo.

Estas versiones comenzaron a trascender desde antes del triunfo “abrumador” del PRI en los estados de Hidalgo y Coahuila el domingo pasado, por lo que obviamente ahora los alcaldes del PAN, PRD y del tricolor esperan recibir mucha más presión

Y es que ya saben de sobra que los operadores políticos y legislativos de Palacio de Gobierno no se andan por las ramas, pues tienen como antecedente el caso del munícipe panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, desaforado en marzo de este año y perseguido penalmente primero por un supuesto desvío de recursos –¡que él mismo había denunciado en contra de su ex tesorero!– y luego por la presunta autoría intelectual del crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez.

Además, en la reciente reforma electoral que el grupo legislativo de Morena se sacó de la manga de última hora, pese a la opinión en contra de los consejeros del Órgano Público Local Electoral (OPLE) y del rechazo de los diputados de oposición, fueron desaparecidas las comisiones municipales electorales, por lo que los paquetes electorales serán trasladados al cierre de los comicios hasta cada una de las 30 cabeceras distritales, cuya custodia estará a cargo obviamente de las fuerzas policiacas del estado que en los últimos días han sido implicadas en aparentes casos de intimidación política.

Hace un par de semanas, por ejemplo, cuatro militantes de Antorcha Campesina fueron secuestrados por supuestos miembros de la delincuencia organizada en el puerto de Veracruz. Sobre este extraño hecho, Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional del Movimiento Antorchista, publicó este jueves en el diario El Universal un artículo titulado “Un secuestro sui generis”, en el que detalla que “entre el momento en que los secuestrados fueron abandonados en un camino vecinal de Cotaxtla, atados y vendados dentro de una de sus camionetas, y la llegada de la policía que los ‘rescató’, no pasaron ni cinco minutos.”

“¿Quién les avisó tan rápido? Llegaron disparando y fingiendo que iban tras un supuesto fugitivo, y que su encuentro con los secuestrados era pura casualidad. Los sacaron de la camioneta, los liberaron de sus ataduras y les indicaron que serían llevados a la FGE, pero al escuchar la voz de uno de ellos, se estremecieron de pies a cabeza: los cuatro están seguros de que era la misma voz de uno de sus secuestradores. Por un momento creyeron que los rematarían allí mismo”, detalló Córdova Morán, quien se preguntó: “¿se justifica o no la sospecha del antorchismo veracruzano de que se trató de un secuestro político?”.

Este caso, lógicamente, ha desatado especulaciones también sobre el reciente “secuestro” del ex alcalde y ex diputado Nemesio Domínguez, fuerte precandidato del PRI para contender el año entrante por Santiago Tuxtla.