EU solicita extradición del gobernador Rubén Rocha por narco; Fiscalía pide pruebas

• Junto con otros nueve acusados.
• Señala a los funcionarios de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente la fracción de «Los Chapitos».

El Departamento de Justicia de EU va contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán,

#Xalapa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya recibió la solicitud de detención con fines de extradición luego de la acusación presentada ante una corte de Estados Unidos (EU) en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y diversos funcionarios y exfuncionarios de ese estado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Cancillería destacó que la solicitud no cuenta con elementos probatorios de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, pero fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, para determinar si existen elementos probatorios contra los funcionarios morenistas.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de EU hizo pública la acusación en contra de Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; el senador de Morena por ese estado Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, el empresario y exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los exdirectores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el exdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito.

El gobierno estadounidense acusa a los funcionarios de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente la fracción de «Los Chapitos».

La Cancillería aseguró que se enviará un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos por «la forma en que se dio a conocer» públicamente la acusación formal en contra de Rubén Rocha y los demás funcionarios.

El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y Vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, informó que la FGR iniciará una investigación propia por las acusaciones de la DEA contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más por narcotráfico y diversos delitos federales.

Lara López indicó que la solicitud de detención con fines de extradición que envió el gobierno estadunidense no cumple con los criterios del acuerdo bilateral en la materia, pues no contiene elementos probatorios que vinculen a los señalados con los delitos de que se les acusa, además de que la administración de Trump habría difundido la solicitud, lo que también viola el acuerdo.

“La Fiscalía General de la República informa que en Éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia. (…) Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.

El comunicado continúa señalando que “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país”. Es decir, que el serán las autoridades mexicanas las que evalúen la situación y decidan si detienen o no a los funcionarios acusados en Estados Unidos por narcotráfico, corrupción, delitos con armas y electorales.

Lara López explicó, además, que para proceder contra el gobernador de Sinaloa y el senador señalado, se tendría que iniciar un juicio de procedencia, pues cuentan con fuero que les da inmunidad contra detenciones.

“Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables”; finalizó.