Se decían víctimas: tres alcaldes veracruzanos se encuentran prófugos

• Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván (MC), Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste (MC) e Isaac García Álvarez, de Coahuitlán (PRI).
• No atendieron llamado de la Fiscalía General del Estado

Se hace necesario que ya no se requiera una declaración de procedencia del Congreso para que autoridades municipales enfrenten proceso penal durante el ejercicio de sus cargos.

#Xalapa

Tres presidentes municipales de Veracruz, dos de ellos ya desaforados y uno todavía en funciones, se encuentran prófugos o no han sido localizados por las autoridades ante investigaciones en su contra, informó la Gobernadora Rocío Nahle García.
La Mandataria utilizó estos casos para exponer su iniciativa de eliminar el fuero constitucional a presidentes municipales y síndicos, con el argumento de que permitiría a las autoridades actuar de manera directa cuando existan investigaciones penales.
Los alcaldes señalados son Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano y ya desaforados; así como Isaac García Álvarez, de Coahuitlán, del PRI, quien continúa en funciones, pero no ha atendido el llamado de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Nahle García recordó que en los casos de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste fue necesario llevar a cabo un procedimiento de declaración de procedencia ante el Congreso de Veracruz para retirarles la protección constitucional y permitir que la Fiscalía avanzara en las investigaciones.
“Nosotros tuvimos que pedir el desafuero de dos alcaldes que están prófugos, no están porque después de que se dio todo el proceso este tuvieron que ir al Congreso, presentar todo, todo. Están prófugos, no están, no se localizan”, señaló.
Uno de ellos es Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, a quien el Congreso estatal retiró el fuero para que la FGE continúe el proceso penal en su contra por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.
El segundo caso corresponde a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, quien también perdió el fuero luego de que el Congreso aprobara la declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía; quien lo señala por su presunta participación en el caso de Roxana Berenice G. R, ocurrido en junio pasado.
A estos expedientes se suma el de Isaac García Álvarez, alcalde de Coahuitlán, quien permanece en funciones y no ha sido localizado después de ser señalado por presuntamente realizar disparos durante una celebración en Chumatlán, donde una menor resultó herida (actualmente fuera de peligro).
“Entonces, sucede otro evento que tuvimos en un presidente municipal del norte, donde en una fiesta hubo tiros, etcétera, y toda la gente señala que el alcalde fue el que tiró, hizo tiros y estuvo una niña herida también. A ver, mandé a hablar al alcalde, no lo han localizado”, dijo Nahle García.
“Se le mandó una notificación, no se ha presentado, ha dicho su Cabildo que no está en el sitio. Entonces, por eso es. Necesitamos que se presente primero ahí a la Fiscalía, que diga de los hechos; afortunadamente la niña está fuera de peligro”, señaló.
La Gobernadora vinculó estos tres casos con la iniciativa que presentó ante el Congreso local para modificar el artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz y eliminar el fuero de presidentes municipales, integrantes de Concejos Municipales y síndicos.
La propuesta plantea que estas autoridades ya no requieran una declaración de procedencia del Congreso para enfrentar un proceso penal durante el ejercicio de sus cargos.
Como ejemplo, Nahle García mencionó un caso ocurrido en Puebla, donde autoridades pudieron intervenir directamente contra un presidente municipal de Morena presuntamente relacionado con actividades delictivas, debido a que en esa entidad los alcaldes no cuentan con fuero.
La Mandataria sostuvo que la reforma no estaría dirigida contra un partido político en particular y que aplicaría por igual a funcionarios de todas las fuerzas políticas.
La Gobernadora consideró que eliminar esta protección permitiría una actuación más directa de las autoridades cuando existan investigaciones penales contra funcionarios municipales; finalmente, planteó además que los partidos políticos podrían utilizar Plataforma México como un filtro adicional al momento de seleccionar candidaturas a presidencias municipales, con el objetivo de revisar los perfiles de quienes busquen ocupar esos cargos.