Argumentando pagos al SAT, Fiscalía quiere 347 millones adicionales de presupuesto

  • A pesar de los magros resultados y gastos excesivos, le asignaron 1 mil 466 millones 108 mil 652 pesos, para este 2021; ahora pide más.
  • La petición de ampliación presupuestal de 347 millones, se debe a que pese a la pandemia y a la grave crisis financiara que vive el estado de Veracruz, el SAT requirió el pago de dichos créditos fiscales.

Xalapa

A mediados del mes de diciembre del 2020, se dio a conocer el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, del cual y a pesar de los magros resultados obtenidos durante el 2020, así como de los gastos excesivos en camionetas blindadas; la Fiscalía General del Estado recibirá la cantidad de 1 mil 466 millones 108 mil 652 pesos. Agregando, por cuanto hace al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la cantidad de 60 millones 505 mil 824 pesos correspondientes al recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Sin embargo, a sólo dos meses de que inició el ejercicio fiscal 2021, la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns; solicitó una ampliación presupuestal de 347 millones, argumentando utilizar este recurso, para poder cumplir con la declaración de impuestos federales, que se dejaron de pagar en el 2015 y 2016, periodo de Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler Ortiz.

A través de la correspondencia, pidió a los diputados locales a entregar recursos adicionales a los más de 1 mil 466 millones de pesos que se le asignaron para el ejercicio fiscal 2021.

El documento FGE/OF/1103/2021 con fecha del 29 de enero del 2021, indica que los créditos fiscales comprenden el periodo del primero de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del primero de enero al 30 de noviembre de 2016.

La petición de ampliación presupuestal de 347 millones, se debe a que pese a la pandemia y a la grave crisis financiara que vive el estado de Veracruz, el SAT requirió el pago de dichos créditos fiscales; por lo que será la Comisión permanente de Hacienda del Estado la que tendrá que resolver lo conducente.