ORFIS va contra administraciones anteriores de ex gobernadores; pretextando pandemia, dejó sin fiscalizar al actual Gobierno estatal

• La titular del ORFIS, justificó el retraso en su trabajo al mencionar que para la revisión del 2019 no contrataron despachos externos para auditar a los entes y se determinó ampliar las revisiones de auditoría técnica a la obra pública, por servidores públicos del Orfis. Sin embargo, se contrató 80 auditores, lo que generó un gasto de 6 millones 467 mil pesos.
• Coincidente con el proceso electoral y prestándose a suspicacias, González Cobos, afirmó que a la fecha se acumulan un total 199 denuncias penales por un daño patrimonial de 33 mil 377 millones de pesos de administraciones de dos ex gobernadores.

Xalapa

Desde finales de enero de este año, de manera muy coincidente con el proceso electoral y prestándose a suspicacias y conjeturas de utilizarse como estrategia, para presionar a los entes municipales por las posibles inconsistencias que éstos pudieran tener; el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) solicitó al Congreso de Veracruz una nueva prórroga, ahora por ocho meses más, para realizar la entrega de los informes individuales y el general ejecutivo que contiene la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Argumentando que el Órgano ha sufrido el incremento en casos de contagio de Covid-19 en su plantilla y la disminución de personal considerado como vulnerable que ha sido enviado a trabajar a sus hogares, la auditora general Delia González Cobos, solicitó ampliar del 31 de enero al 30 de septiembre la entrega de estos informes.

Por lo que la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 y 2019 se va a empalmar y se busca que el Congreso la apruebe de manera conjunta, afirmó la titular del ORFIS; Delia González Cobos.
González Cobos, afirmó que a la fecha se acumulan un total 199 denuncias penales por un daño patrimonial de 33 mil 377 millones de pesos de administraciones de dos ex gobernadores .

Su informe de resultados se concentró en dar a conocer datos de cuentas públicas de años anteriores, que ya fueron aprobados y fiscalizados por diputados locales, debido a que el órgano no ha entregado el informe correspondiente al 2019, luego de que se validaron tres ampliaciones en la fecha de entrega del resultado de las auditorías, a consecuencia de la pandemia del virus SARS CoV-2.

La titular del ORFIS, justificó el retraso en su trabajo al mencionar que para la revisión del 2019 no contrataron despachos externos para auditar a los entes y se determinó ampliar las revisiones de auditoría técnica a la obra pública, por servidores públicos del ORFIS. Sin embargo, se contrató 80 auditores, lo que generó un gasto de 6 millones 467 mil pesos.

Para revisar esa cuenta, dijo, se planearon 830 auditorías, de esas 310 son presupuestales, 225 técnicas a la obra pública; 60 de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera; 6 integrales (legalidad y sobre el desempeño); 169 revisiones en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, y 60 evaluaciones de participación ciudadana.

Respecto del año 2017, en el que Veracruz era administrado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, la titular del ORFIS, mencionó que notificaron a 340 Órganos Internos de Control tres mil 140 observaciones administrativas y dos mil 19 recomendaciones; a las cuales 316 Órganos Internos de Control dieron cumplimiento.

Respecto del seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial se iniciaron 129 procedimientos de investigación iniciados, de los cuales se emitieron: 40 acuerdos de conclusión y archivo, 19 informes de presunta responsabilidad administrativa, y 59 se encuentran en proceso de investigación.

Además, se interpusieron 31 denuncias penales que en su conjunto importan un daño patrimonial de 783 millones 534 mil 691 pesos.

El resultado de esta nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 enunció: en materia Financiera y Técnica a la Obra Pública se revisaron 97 Entes Estatales Fiscalizados, en 43 se determinó un presunto daño patrimonial por tres mil 54 millones de pesos.

De 212 municipios fiscalizados, en 131 se determinó un presunto daño patrimonial por 300 millones 109 mil pesos. En materia de Deuda Pública y Obligaciones se determinaron irregularidades de presunto daño patrimonial por 125 millones 490 mil pesos, correspondientes al Ejecutivo del Estado.

Además, de la auditoría en materia de Deuda instruida por el Congreso del Estado se determinó presunto daño patrimonial por 183 millones 471 mil pesos; y de los 227 Entes Municipales, en cuatro se determinó un presunto daño patrimonial por cuatro millones 423 mil pesos.

Se notificó a 340 Órganos Internos de Control cuatro mil 198 observaciones administrativas y tres mil 621 recomendaciones; a lo cual 299 Órganos Internos de Control dieron cumplimiento.

Se iniciaron 181 procedimientos de investigación, de los cuales se emitieron 15 acuerdos de conclusión y archivo, y hasta ahora se han presentado 4 denuncias penales por un daño patrimonial de mil 77 millones 840 mil

Los entes fiscalizables para realizar su solventación presentaron reintegros a sus cuentas bancarias por Fondo observado, por un total de 40 millones 787 mil pesos.