La justicia penal en Veracruz
LOS JUEVES
Miguel Valera
La justicia penal en Veracruz
De acuerdo con Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 elaborado por World Justice Project, el sistema de justicia penal de Veracruz fue el peor evaluado del país, el cual presentó una caída con respecto al periodo anterior, derivado de la emergencia sanitaria.
El reporte indica que, en materia de estado de derecho la pandemia afectó principalmente al sistema de justicia penal, ya que su valoración cayó en 16 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 Veracruz en general es el séptimo estado peor evaluado, con una calificación de apenas 0.37, donde 1.0 representa la adhesión más fuerte al estado de derecho. Esta cifra es 0.01 inferior a la evaluación precedente, y ubica a nuestra entidad entre las únicas 5 que tuvieron descensos en sus puntajes, junto con Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Quintana Roo. A su vez, los primeros lugares del índice lo ocupan Yucatán, Coahuila, Campeche, Querétaro y Zacatecas. Asimismo, cabe señalar que cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales del Índice de Estado de Derecho en México, en las tres ediciones que han sido publicadas desde 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42). Si se consideran por separado los diferentes factores analizados, tenemos que Veracruz fue ocupa el último lugar en la evaluación de los límites al poder gubernamental, derechos fundamentales y justicia penal; el 30 en justicia civil y el 24 en ausencia de corrupción. Los datos recabados por World Justice Project sugieren que, durante esta pandemia, los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. “De hecho, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”. Además, el reporte indica que el país sigue enfrentando retos en el área de investigación penal. Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue aquel que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público. “De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó el 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”. Asimismo, expone, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de los especialistas consultados durante 2020.
Nos vemos los jueves.
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