VIOLENCIA SIN FIN

AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

VIOLENCIA SIN FIN

El primer golpe del crimen organizado que sacudió al gobierno de Cuitláhuac García fue el atentado ocurrido el 19 de abril de 2019 en la palapa “La Potra”, un salón de fiestas al aire libre ubicado en la colonia Obrera de la ciudad de Minatitlán. El saldo fue de 14 muertos: ocho hombres, cinco mujeres y un bebé de un año.

Cuatro meses después, en agosto de ese mismo año, sucedió otro en el puerto de Coatzacoalcos, más grave aún por el número de víctimas. El bar “Caballo Blanco” fue incendiado y murieron en total 32 personas.

La violencia fue atribuida a la disputa de ambas plazas entre el cártel de Los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los últimos dos años la violencia en ambas ciudades aminoró pero no se ha erradicado completamente.

El miércoles 27 de octubre pasado ocurrió en Minatitlán una doble ejecución en la colonia Santa Clara, entre las calles Galeana y Francisco P. Carreón de ese populoso sector.

Una de las víctimas fue identificada como José M. Nández García, un capitán del Ejército mexicano que ya estaba retirado. El otro ejecutado era su cuñado Mario Acosta.

El caso, extrañamente, no tuvo mayor resonancia política ni mediática pese a que según el currículo de Nández García fue miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial en la administración del panista Felipe Calderón y luego con el priista Enrique Peña Nieto, en la que fungió más que como guardia personal como brazo derecho de Rosario Robles, extitular de la Sedesol y de la Sedatu actualmente bajo proceso penal y prisión preventiva oficiosa por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

El militar tenía muy buena relación con actores políticos locales de diversos partidos políticos e inclusive dicen que aportó de su dinero a la campaña de uno de los candidatos a alcalde de Minatitlán, donde la contienda se polarizó entre la alianza del PAN-PRI-PRD –que había postulado al empresario Nicolás Ruiz Roset, el cual fue detenido a finales de abril acusado por presuntas amenazas, tentativa de privación física, coacción e intento de secuestro– y la coalición de Morena-PT-PVEM que nominó a la exdiputada federal Carmen Medel Palma, quien el 8 de noviembre de 2018 vivió en carne propia el dolor de la violencia criminal con la ejecución de su hija Valeria Medel, una joven universitaria de 22 años que fue baleada mientras se ejercitaba en un gimnasio de Ciudad Mendoza, en el centro del estado, donde cursaba la carrera de Medicina, la misma profesión de su mamá.

Según la versión oficial del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, la estudiante habría sido confundida por los sicarios con otra mujer vinculada al crimen organizado.

En el caso del capitán José M. Nández no hubo confusión, pues de acuerdo con el testimonio de sus vecinos, el militar retirado, que era dueño del salón de eventos “Zuntory”, intentó escapar de los criminales pero fue ejecutado antes de guarecerse en casa de uno de sus conocidos.