Gobierno de Veracruz, hoy deberá acatar recomendación de CNDH
- Iniciar inmediatamente proceso para derogar delito de ultrajes a la autoridad y sancionar a los servidores públicos.
- Por detención injusta y arbitraria de 6 jóvenes.
- Si el Ejecutivo rechaza la recomendación puede ser llamado por el Senado para “fundar, motivar y hacer pública su negativa”; de acuerdo con la Ley de la CNDH.
Xalapa
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la detención arbitraria de seis jóvenes en Xalapa acusados de ultrajes a la autoridad plantea dos posibilidades para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz.
El primero es que el Ejecutivo estatal tiene como fecha límite este 12 de enero para acatar el llamado del órgano y deberá iniciar de manera inmediata el cumplimiento; que son entre otras acciones, implementar el proceso en el Congreso de Veracruz, para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y sancionar a los servidores públicos involucrados en los hechos, es decir, a los elementos aprehensores y fiscales que llevaron el caso; así mismo, de aceptar la recomendación, se tiene otro plazo de 15 días adicionales para presentar las pruebas de que está cumpliendo lo anterior.
Pero, si el titular del Ejecutivo rechaza la recomendación puede ser llamado por el Senado para “fundar, motivar y hacer pública su negativa”; esto de acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Posteriormente, la CNDH determinará, previa consulta al Senado, si la fundamentación es suficiente para rechazar el exhorto.
Si la fundamentación es insuficiente el titular del Ejecutivo deberá informar en otros 15 días si persiste o no en la posición de no aceptar o no cumplir con la recomendación. Si persiste la negativa, la CNDH podrá denunciar ante el ministerio público o ante la autoridad administrativa que corresponda, tanto al Ejecutivo, así como a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables de la violación de los derechos humanos.
De acuerdo con el artículo 46 de la mencionada Ley, en caso de que exista un cumplimiento parcial, la CNDH puede exhortar al titular del Ejecutivo para que atienda la recomendación y también puede requerir al Senado que lo cite, iniciando el mismo proceso que el segundo escenario señalado ante la posible negativa del mandatario estatal para atender la recomendación 146/2021.
Al respecto, según el abogado penalista, Tomás Mundo Arriasa, no hay forma de que el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz; pueda justificar ante el Senado y la CNDH, una negativa a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, de ahí que es inminente que se derogue el tipo penal.
El abogado Tomás Mundo Arriasa explicó que, si bien las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes, es decir, no exigen que las dependencias o gobiernos las acaten y reparen el daño, por lo que el gobernador puede no aceptar la última, referente a la fabricación de pruebas contra los jóvenes.
Recordó que la autoridad dispone de 15 días hábiles a partir del momento en el que fue emitida la recomendación, 21 de diciembre de 2021, para informar si la acepta o no, plazo que fenece el 12 de enero. En el caso de la Fiscalía, el órgano tendría hasta el 21 de enero para dar cumplimiento.
Entre otras cosas, en la última recomendación se pide que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad y se sancione a los servidores públicos involucrados en los hechos, es decir, a los elementos aprehensores y fiscales que llevaron el caso.
La petición de la Comisión, acerca de derogar el delito de ultrajes a la autoridad no puede sustituirse por la intención de hacerle modificaciones al tipo penal, pues de hacerlo, no se estaría dando cumplimiento a lo expresamente solicitado.
“Derogar significa quitar el artículo del Código Penal, no hacer unas adecuaciones nuevas al delito, eso no es cumplir la recomendación. Si lo adecúa, lo modifica o le hace lo que le hace, no está cumpliendo la recomendación.
“Tiene que sancionar a los servidores públicos y tiene que iniciarse un procedimiento e informar a la Comisión cuando se haya cumplido, hasta sus últimas consecuencias en contra de los servidores públicos”, dijo.
“El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra este tipo penal; sin embargo, sólo hasta que es ventilado ante la opinión pública es que se está ventilado esta figura que ya ha sido declarada como inconstitucional.
Parece contradictoria la postura del gobierno de no cambiar un delito que podría estar atentando contra los Derechos Humanos (…), Veracruz no puede ser la excepción”.
