Crisis política en Perú: ¿Qué sabemos de la destitución de Pedro Castillo?

  • En menos de cinco horas, se desató una crisis política en Perú que provocó el nombramiento de la vicepresidenta Dina Boluarde como mandataria.

Pedro Castillo ordenó durante el mediodía disolver el Congreso de Perú, pero el mismo poder legislativo votó a favor de destituirlo, agravando aún más la ya existente crisis política en el país andino, que se ha extendido a lo largo de cuatro años. Tanto el depuesto mandatario como los legisladores se habían enfrentado en varios choques políticos desde que asumió el poder en julio de 2021.

Ambos poderes enfrentaban un gran desprestigio social. El Congreso, controlado por la derecha, buscaba nuevamente destituir a un presidente por acusaciones de corrupción y «traición a la patria»; mientras que Castillo criticaba a los legisladores de impulsar la inestabiidad en el país por no apoyar sus reformas.

¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué existía una crisis política en el país? ¿Quién destituyó primero, Castillo o al Congreso? ¿Quién asumió a la Presidencia?

¿Por que Pedro Castillo chocaba con el Congreso de Perú?

Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo el 28 de julio de 2021, el Congreso de Perú —controlado por la derecha fujimorista y la extrema derecha— buscó formas para destutir al presidente de Perú después de que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijera en un inicio que hubo fraude electoral. En un primer momento, fue un intento de la derecha repetir las elecciones de ese año.

El primer intento de destitución sería exactamente hace un año, el 7 de diciembre de 2021, bajo el argumento de «incapacidad moral permanente». La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, lo criticaban por sus constantes crisis ministeriales que se tradujeron en cuatro gabinetes en ocho meses. Fracasó por falta de votos.

En febrero, la segunda gran crisis de Pedro Castillo sería a partir de una entrevista con CNN en español, donde buscaba proponer un referndo popular para decidir si se daba una porción de tierra a Bolivia para darle acceso al mar.

«Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera», dijo Castillo.

Al mismo tiempo se estaba gestando el escándalo de corrupción dentro del gobierno de Castillo, donde aprovechó su posición de poder para beneficiarse económicamente junto a un grupo de familiares, funcionarios y amigos en la construcción de un puente en la zona amazónica peruana, y se le acusó de supuesto plagio en su tesis de maestría. Esto derivó en un segundo proceso de destitución en el Congreso el 28 de marzo de este año, que tampoco prosperó por no alcanzar el número de votos necesarios.

Al paso de los meses se fueron consolidando los cinco procesos judiciales contra Pedro Castillo por corrupción y obstucción de la justicia por parte de los jueves y fiscales, al grado de catalogarlo como «crimen organizado». Castillo negó todas las acusaciones en su contra y denunció «intentos golpistas» para quitarlo del poder.

El exministro de Transporte Juan Silva, y el exsecretario de Presidencia Bruno Pachecho fueron investigados por las irregularidades en la licitación de obras, contratación de funcionarios y por favorecer a ciertos empresarios en la adjudicación del proyecto Puente Tarata —en la región de Cajamarca, donde es originario Castillo— en los que se involucraron su cuñada Yenifer Paredes —quien terminó siendo detenida— y sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Los choques entre Castillo y el Congreso de Perú se hicieron más evidentes al impedir que el mandatario realizara viajes oficiales al extranjero, así como minar una de sus propuestas. También se mantuvo la crisis dentro de sus gabinetes debido a escándalos internos y el distanciamiento entre el mandatario y el partido que lo lanzó a la presidencia: Perú Libre.

¿Qué detonó la salida de Castillo?

Tras el avance de las investigaciones, el Congreso de Perú volvió a presentar nuevamente la vacancia por «permanente incapacidad moral». Castillo denunció que los legisladores intentaban cometer un «golpe de estado» en su conta y que iba a permanecer en el cargo como lo mandata la Constitución, hasta 2026. Los choques entre ambos se habían agravado, al grado de que generaron la renuncia de su jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

La destitución estaba pensaba para votarse este 7 de diciembre y estaba proyectado que volvería a fracasar la nueva moción. Sin embargo, Pedro Castillo decidió adelantarse y ordenó la disolución del Congreso y decretar el estado de excepción, tres horas antes de que los legisladores votaran la tercera vacancia, esto generó un rechazo inmediato de sus ministros, que dimitieron de inmediato y condenaron el accionar del ahora expresidente.

En tanto, los legisladores siguieron votando la minuta, que terminó con 101 votos a favor de destituir a Castillo. Tanto la oposición como la entonces vicepresidenta Dina Boluarte acusaron a Castillo de cometer un «golpe de Estado «. Las Fuerzas Armadas respaldaron casi de forma inmediata al Congreso y los legisladores se apresuraron en nombrar a Boluarte como presidenta, ya que así lo mandata la Constitución.

Por su parte, Castillo fue inmediatamente detenido al salir del Palacio del Gobierno y fue llevado a las oficinas de la fiscalía en Lima, pasando a ser automáticamente apartado del cargo. El paradero de su esposa e hijos era desconocido en medio de rumores de un asilo en la embajada de México en la capital peruana.

¿Por qué tuvo mayor peso el Congreso que Castillo?

Por el respaldo que obtuvo el Congreso tanto del Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía de Perú como de las Fuerzas Armadas, que automáticamente lo calificaron de inconstitucional y de un «autogolpe» por parte de Pedro Castillo.

El presidente del TC, Francisco Morales, aseguró que «hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico».

Por su parte, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional», y exhortó al mandatario a «respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado». Las Fuerzas Armadas dijeron que estaban del lado de «defender la democracia».

Distintos gobiernos de América Latina expresaron su preocupación por la grave crisis política que vive Perú después de que el Congreso haya destituido al presidente Pedro Castillo, quien ha sido detenido en la sede de la Prefectura de Lima. Varios manifestantes protestaron a las afueras tanto del Palacio de Gobierno como del Congreso de Perú por situación que se vivió en las últimas horas en Perú.