Trabajadores de Bienestar denuncian presunto acceso ilegal al padrón; toman oficinas y exigen investigar a José Alberto Flores Luna e Itzel López

• Los denunciantes advirtieron que dichos padrones contienen información personal altamente sensible de miles de ciudadanos, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes beneficiarios de becas y otros sectores vulnerables.

Alfonso Gutiérrez 

#Orizaba

Una serie de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, abuso de autoridad, hostigamiento laboral, nepotismo y posible uso indebido de información confidencial de miles de beneficiarios detonó una protesta de trabajadores de la Secretaría de Bienestar en la región de Orizaba, quienes decidieron tomar las instalaciones de la Delegación Regional para exigir la intervención inmediata de autoridades federales y estatales.

Servidores de la Nación, personal de Salud del Bienestar y trabajadores del programa de credencialización del Sistema Universal de Salud colocaron cartulinas en los accesos de las oficinas ubicadas en Sur 8, entre Colón y Poniente 3, para hacer públicas sus denuncias y demandar la destitución de la directora regional, Itzel López López, además de una investigación por la presunta participación de José Alberto Flores Luna, esposo de la funcionaria, en actividades internas de la dependencia sin ocupar un cargo oficial.

De acuerdo con el documento entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la secretaria de Bienestar Leticia Ramírez Amaya, a la gobernadora Rocío Nahle García y al delegado estatal de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, uno de los señalamientos más graves es que José Alberto Flores Luna presuntamente tendría acceso a los padrones de beneficiarios de los programas sociales, pese a no formar parte de la estructura de la Secretaría de Bienestar.

Los denunciantes advirtieron que dichos padrones contienen información personal altamente sensible de miles de ciudadanos, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes beneficiarios de becas y otros sectores vulnerables. Tan sólo el padrón de adultos mayores en la región supera las 10 mil personas, por lo que insistieron en que únicamente personal autorizado puede consultar esa información, al estar protegida por la legislación en materia de datos personales.

Los trabajadores manifestaron su preocupación al señalar que José Alberto Flores Luna presuntamente no sólo tendría acceso a esa información, sino que además participaría en reuniones, emitiría instrucciones e influiría en decisiones relacionadas con la operación de la delegación, situación que, afirmaron, debe ser investigada por las autoridades competentes.

Asimismo, sostuvieron que Flores Luna presuntamente participa en reuniones de carácter partidista, lo que incrementó la inquietud entre el personal por un posible uso político de los programas sociales y de los padrones de beneficiarios rumbo al proceso electoral de 2027.

Además de estas acusaciones, los inconformes responsabilizaron a Itzel López López de generar un ambiente de trabajo marcado por el presunto acoso laboral, abuso de autoridad y constantes actos de intimidación contra el personal.

Según relataron, desde la llegada de la exdiputada local a la dirección regional se implementaron medidas que consideran excesivas, entre ellas la obligación de registrar en una libreta la hora en que los trabajadores salen y regresan del baño, práctica que calificaron como degradante y utilizada para ejercer presión sobre los empleados.

También denunciaron la presunta retención de quincenas completas a trabajadores de Salud del Bienestar por no cumplir metas que consideraron inalcanzables, así como la realización de reuniones que eran presentadas como capacitaciones, pero que, aseguraron, terminaban convirtiéndose en actividades de formación política.

Otro de los señalamientos indica que varios coordinadores fueron removidos de sus cargos para ser sustituidos por personas cercanas a la directora regional, quienes, según los denunciantes, orientaban las actividades con fines partidistas y respondían a intereses distintos a los objetivos institucionales.

En el mismo documento también se señala a Verónica Bonilla Avelino, por presunto acoso laboral y sexual contra trabajadoras, así como a Manuel Ángel López Tzanahua, acusado de presunto hostigamiento laboral y sexual hacia personal médico y de enfermería, además de desempeñar funciones que, según los denunciantes, no le correspondían al ser becario del programa Salud Casa por Casa.

Los manifestantes también aseguraron que dentro de las oficinas regionales existiría propaganda relacionada con Morena y recordaron que el inmueble anteriormente funcionó como sede partidista, por lo que solicitaron investigar si existe un uso de instalaciones públicas con fines político-electorales.

Asimismo, afirmaron que hace aproximadamente seis meses entregaron un escrito con todas estas denuncias al delegado estatal Juan Javier Gómez Cazarín, durante una reunión realizada en Ixtaczoquitlán. Sin embargo, sostuvieron que no obtuvieron respuesta ni se inició procedimiento alguno para investigar los hechos, motivo por el cual decidieron hacer públicas las acusaciones y tomar las oficinas de la dependencia.

Durante la protesta, algunos trabajadores también acusaron a Gómez Cazarín de mantener respaldo político hacia la directora regional, al considerar que ambos coinciden en un mismo grupo político desde su paso por el Congreso del Estado, por lo que exigieron que las investigaciones sean realizadas por instancias imparciales.

Pese al cierre de las oficinas, los Servidores de la Nación informaron que continuarán brindando orientación a la ciudadanía desde el exterior del inmueble y que los procesos de credencialización serán canalizados a sedes alternas para evitar afectar a los beneficiarios de los programas sociales.

Finalmente, los inconformes solicitaron la intervención del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de la Secretaría de Bienestar y de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos, determinar si existió un acceso indebido a los padrones de beneficiarios, investigar la presunta participación de José Alberto Flores Luna en la operación de la dependencia y deslindar las responsabilidades que correspondan.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Bienestar, la Delegación de Programas para el Bienestar en Veracruz, Itzel López López, José Alberto Flores Luna y las demás personas mencionadas en la denuncia no habían emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos.