Veracruzanos desconfían de la policía estatal y sus mandos, sólo 39% de elementos cuenta con Certificación Única Policial

  • Veracruz es el tercer estado con más policías asesinados durante 2020.
  • Al bajo número de agentes estatales se suma la poca certificación pues de 5 mil 470 elementos, sólo 2 mil 128 cuentan con su Certificado Único Policial, es decir sólo el 39% acreditó los exámenes de confiabilidad, y casi 700 no han realizado cursos de Formación Inicial, reveló el SESNSP en el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, publicado a finales del 2020.

Xalapa

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en el Estado de Veracruz, existen cinco mil 470 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública local, es decir, alrededor de 0.6 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 1.8.
Al bajo número de agentes estatales se suma la poca certificación de éstos, pues sólo 2 mil 128 elementos cuentan con su Certificado Único Policial, es decir únicamente el 39% acreditó los exámenes de confiabilidad, y casi 700 no han realizado cursos de Formación Inicial, reveló el SESNSP en el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, publicado a finales del 2020.
El problema para la corporación de la Secretaría de Seguridad de Veracruz, radica en la presencia de grupos criminales muy violentos que durante 2020 protagonizaron enfrentamientos con policías, siendo Veracruz uno de los estados con más incidentes de este tipo, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunado a esto, la organización Causa en común tiene registro de que Veracruz es el tercer estado con más policías asesinados durante 2020 con 33, sólo superado por Guanajuato, donde la lucha con los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación le ha costado la vida a 74 elementos, y el Estado de México, donde han muerto 35. Durante 2019, sólo 16 agentes perdieron la vida en cumplimiento del deber en Veracruz.
POLICÍAS NO PROTEGEN A LA POBLACIÓN
Junto con los asesinatos de Gladys Merlín Castro, ex diputada y ex alcaldesa de Cosoleacaque y su de hija, Carla Enríquez Merlín, potencial candidata de Morena a la alcaldía de ese lugar, desde el arribo de la actual administración al Gobierno de Veracruz; han sido asesinadas al menos seis mujeres políticas en el Estado –sólo féminas, porque políticos varones la lista es extensa-.

Tal es el caso del violento crimen de Florisel Ríos Delfín (PRD) alcaldesa en funciones de Jamapa, tras ser secuestrada y acribillada cuando se dirigía a su trabajo, y de Maricela Vallejo Orea (Morena), munícipe en funciones de Mixtla de Altamirano acribillada en un ataque armado en el que murió su esposo y el chofer del ayuntamiento. Gladys Merlín y Carla Enríquez fueron asesinadas al interior de su domicilio en la calle Correos del Barrio Segundo, en un hecho inédito que no descarta a personas conocidas por las condiciones en como los asesinos ingresaron al hogar, pese a la presencia de perros y un guardia de seguridad en la entra principal al inmueble, y el acceso directo a la recámara de la ex alcaldesa donde las mataron cobardemente. Por ambos crímenes no hay detenidos, pero a partir de esos hechos se han perpetrado acontecimientos extraños como el intento de asalto a una de las gasolineras propiedad de las difuntas, y la agresión armada por parte de elementos policiacos el siguiente sábado por la mañana, a una unidad que resguardaba a Emigdio Enríquez Merlín, hijo de la malograda Gladis Merlín y hermano de Carla, al acudir a Xalapa, se ignora si convocado por el Gobierno del Estado para dialogar en torno a los hechos que costaron la vida a sus familiares o para ofrecerle la candidatura que era para su hermana como “consolación”. En el actual proceso electoral, también asesinaron a dos fuertes candidatos varones a las alcaldías de Tierra Blanca y Úrsulo Galván, y en ningún caso hay detenidos, pero si muchas suposiciones y teorías de un Gobierno, que ya no sabe qué hacer para tratar de demostrar que la impunidad está desterrada, cuando se encuentra más arraigada que nunca.