Concentrar y ejercer el poder ilimitadamente
Concentrar y ejercer el poder ilimitadamente
Reynaldo Escobar
En México, la identificación del Estado con el partido Morena es indisoluble y representa la prepotencia autoritaria del gobierno de la 4T, que constituye un elemento esencial de cualquier gobierno “dictatorial”, entre cuyos objetivos destaca la tendencia a desaparecer toda organización nacida bajo los principios democráticos que residen esencialmente en la sociedad.
Los fines ideológicos y programas de acción de políticas reivindicatorias de quienes disputaron la Presidencia en la elección del 2018, quedaron en el olvido y resultan opuestos a los perversos intereses de los hombres que llegaron al gobierno por el “voto del hartazgo”, y no ocultan sus aspiraciones reeleccionistas para perpetuarse en el poder, olvidando que el poder público es temporal y que los cargos no duran más de un sexenio, y “la vergüenza se arrastra toda la vida”.
En todas las dictaduras la pretensión principal del “líder” es la concentración del poder, que sólo se logra con el sometimiento de los otros poderes (Legislativo y Judicial), cuyos integrantes obedecen ciegamente las órdenes y caprichos del dictador, sin importar la destrucción o desaparición del Estado de Derecho y las instituciones, para dar paso a las órdenes incuestionables del mandamás.
Otro elemento infaltable en una dictadura es el control oficial de los medios de comunicación, acompañado de la censura, sin respeto a las libertades constitucionales que en nuestro país tutelan los artículos 1, 6 y 7 de la Carta Magna.
Basta sintonizar las conferencias mañaneras para darse cuenta de las descalificaciones a los medios de comunicación y a los periodistas que critican al gobierno, inclusive bajo amenazas de “investigaciones policiacas”, para quienes insistan en señalar el mal desempeño y la opacidad con que trabajan altos funcionarios públicos, que han defraudado la confianza del Ejecutivo y de los mexicanos.
Antes de la consulta pública que viene, después de la innegable “elección de Estado” del pasado 6 de junio, el INE y la CNDH, por obligación legal y ética política, deben evitar la propagación de la “ideología oficial” y dejar de desacreditar a los opositores, evitando los dados cargados si efectivamente se garantiza el Estado democrático.
