Consulta pública: cara e inoperante
Consulta pública: cara e inoperante
Reynaldo Escobar
El próximo domingo tendrá lugar la llamada “consulta pública”, convocada y promovida por el presidente López Obrador, con el fin de contar con una base de ciudadanos que decidirán “sobre la pertinencia de iniciar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”, lo cual difiere totalmente de los promocionales que se han escuchado en la televisión, la radio, medios impresos y redes sociales, haciendo referencia a que se enjuicie a los gobernantes que antecedieron al mandato de AMLO.
A la publicitada consulta popular, seguramente nadie en su sano juicio asistirá, puesto que solo algunos burócratas que bajo amenazas de perder su cargo o recibir sanciones económicas, tendrán que acudir y votar como sus jefes se los ordenen.
Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, se dice por un gran número de amlovers que dichos personajes dispusieron a su voluntad del presupuesto público de la Federación y decidieron la ruta política sexenal, con los beneficios y turbulencias que afectaron al pueblo de México.
La intención de la convocatoria expedida por el INE y previamente acordada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún momento hace referencia a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, puesto que hacer un señalamiento identificando a los expresidentes de la República mencionados sólo serviría para desprestigiar a los extitulares del Poder Ejecutivo federal, sin que el resultado pueda tener consecuencias legales en su agravio, ya que se estaría prejuzgando con acusaciones infundadas que caerían por su propio peso.
En resumen, la consulta popular del próximo primero de agosto no nos conducirá a favorecer al pueblo, ya que México es y seguirá siendo un país de leyes, con instituciones públicas y en donde se respeta la Constitución, que prohíbe aplicar disposiciones jurídicas “en forma retroactiva” en perjuicio de persona alguna, porque de lo contrario se caería en la ilegalidad que representa aplicar un conjunto de disposiciones jurídicas que no estuvieron vigentes en los gobiernos pasados.
