Abogados presionan a jueces para liberar presos por ultrajes
- Lo hacen “a punta de sentencias”
- En una maniobra política, el Congreso de Veracruz se niega a publicar la derogación del delito.
- Mediante Denuncias de Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, abogados lograron la liberación de 9 personas encarceladas injustamente.
Xalapa
En cumplimiento a la Declaratoria General de Invalidez, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se logró la libertad de 9 personas que estaban privadas de ella, en 2 audiencias de sobreseimiento, mediante sendas Denuncias de Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, presentadas en los Juzgados Décimo Segundo y Décimo Sexto de Distrito del Séptimo Circuito, mediante las Acciones de Inconstitucionalidad 59/2021 y 66/2021, en contra del delito de Ultrajes a la Autoridad, informó el abogado postulante Ricardo Morales Carrasco.
El también vicepresidente académico de la Federación de Abogados y vicepresidente del Colegio de Abogados y Juristas de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Jamapa, Medellín y Alvarado, así como delegado para Veracruz de la Organización Mundial de Abogados (OMA), opina que “a punta de sentencias nuestra sociedad puede ser más justa”.
Como se recordará, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad dentro del expediente número 59 /2021 y su acumulada 66 /2021, el día 28 de febrero del año 2022, donde declaró la invalidez del tipo penal de ultrajes a la autoridad, previsto en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; y en la misma sesión se declaró la invalidez del tipo penal previsto en el artículo 371 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, por lo que lo que procede es el sobreseimiento de todos los casos.
El sobreseimiento es la resolución judicial que pone término al proceso por causas legales que impiden su continuidad y posterior apertura respecto a los mismos hechos. En el caso de las personas privadas de su libertad, éstas deben ser liberadas inmediatamente.
En una maniobra política, el Congreso de Veracruz se niega a publicar la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y, como consecuencia, varios jueces se niegan a liberar a los presos por un delito que el máximo tribunal constitucional ya declaró inexistente, aunque algunos han accedido a hacerlo, como Adrián Reyes Acosta, juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Décimo Primer Distrito Judicial.
Es por ello que el doctor Morales Carrasco ha preferido acudir a los tribunales federales para actuar mediante las Denuncias de Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente y, en caso de resultar fundada, el juez ordenará a la autoridad aplicadora dejar sin efectos el acto denunciado.
