En municipios veracruzanos donde instalaron «retenes sanitarios», se puede incurrir en abusos: Segob
- Las principales acciones implementadas por ayuntamientos son cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes sanitarios y medidas restrictivas al libre tránsito. En Veracruz es foco rojo, al ser uno de los estados con más acceso restringidos del país con el 36% a nivel nacional.
Xalapa
En Veracruz hay 77 municipios instalaron «retenes sanitarios», controlando la entrada a sus regiones ante la pandemia del Covid—19, lo que representaría una violación a las Garantías Individuales y a los derechos humanos; advierte el documento: «Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19».
Las principales acciones implementadas por ayuntamientos son cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes sanitarios y medidas restrictivas al libre tránsito. En Veracruz es foco rojo, al ser uno de los estados con más acceso restringidos del país con el 36% a nivel nacional.
El documento que fue elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, alerta que la emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías. Por ello, las autoridades que apliquen medidas que restrinjan derechos ante la pandemia, deben asegurarse que tienen competencia explícita para hacerlo y que las medidas sean proporcionales para evitar incurrir en actos de abuso de autoridad, que violan derechos y suelen tener un efecto desproporcional sobre grupos excluidos o históricamente discriminados.
«Los Gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, algunas acciones que éstos han adoptado, además de rebasar este ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos», explica.
El documento detalla que los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante COVID-19. Por ello, su presencia no garantiza minimizar riesgos y por el contrario, pone en riesgo a las personas que participan en ellos.
Se advierte que en el país más de la mitad de la población trabaja en el sector informal y alrededor del 42% viven en situación de pobreza, una medida coercitiva de restricción a la movilidad no es eficaz y tiene efectos desproporcionales sobre esta población.
“Los retenes, cierre de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito. Los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General, por ejemplo, para establecer cordones sanitarios”, se señala el documento.
En 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma contínua o intermitente en algún momento de la contingencia. Esto equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.
Así, desde que la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus era una pandemia, las medidas tomadas por los ayuntamientos para proteger a su población han ido en aumento, aunque no son estandarizadas en todo el estado, ni están vinculadas con las disposiciones del gobierno estatal y federal.
