Fuertes sanciones legales a quienes incurran en Fraude Inmobiliario

• Prevendría la pérdida de propiedades a manos de estafadores.
• El despojo, las ventas irregulares o simuladas y la corrupción de notarios, funcionarios y jueces; causan pérdidas patrimoniales millonarias, por lo que se deben de aplicar inhabilitaciones, remoción de patentes notariales, prisión y fuertes multas.

Fraudes Inmobiliarios y despojos de propiedades en la Capital veracruzana: las víctimas señalan la utilización de documentos falsificados y procedimientos judiciales a modo en contubernio con abogados y notarios para apoderarse de inmuebles.

#Xalapa

Los castigos para quienes participan en fraudes inmobiliarios son absolutamente necesarios, ya que estas estafas causan pérdidas patrimoniales millonarias y las sanciones legales, que incluyen desde inhabilitaciones, remoción de patentes notariales, prisión hasta fuertes multas millonarias; deben buscan frenar el despojo, las ventas irregulares y la corrupción en el sector.

Castigar estas conductas previene que familias enteras pierdan los ahorros de toda su vida o sus propiedades a manos de estafadores.

Las penas privativas de la libertad y las sanciones económicas sirven como elemento disuasivo para frenar el “modus operandi” de falsos agentes, notarios coludidos y desarrolladores piratas.

Las leyes vigentes en México castigan el engaño, la doble venta y la usurpación de propiedades con penas que van desde los 3 días hasta más de 10 años de prisión, dependiendo del monto defraudado. En casos extremos, los responsables pueden recibir condenas históricas de más de cien años de cárcel.

Las leyes contemplan agravantes para aumentos en las penas cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables (como adultos mayores) o cuando existe complicidad de servidores públicos, notarios y jueces.

Tal y como se dio a conocer el fin de semana donde una adulta mayor de 80 años recuperó por la vía del amparo la casa de la que fue desalojada en Xalapa en 2024; sin embargo, cuando las autoridades finalmente le restituyeron el inmueble, lo encontró completamente destruido y saqueado, por lo que hasta la fecha continúa pagando renta sin poder regresar a vivir a su patrimonio.

Ante estos hechos, la familia presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), una por los daños ocasionados al inmueble y otra por el presunto uso de documentos falsos, al considerar que se cometió un fraude procesal mediante la utilización de un pagaré apócrifo; sin embargo, acusaron que hasta el momento las investigaciones no presentan avances.

La familia acusa que el despojo se concretó mediante un juicio sustentado en un pagaré con la firma falsificada del esposo fallecido y denuncian que, pese a las querellas presentadas por daños y fraude procesal, la Fiscalía General del Estado no ha registrado avances en las investigaciones.

Se trata de la señora María Ladrón de Guevara Domínguez, quien fue desalojada de su vivienda ubicada en la calle Plutarco Elías Calles número 21, en la colonia Morelos de Xalapa, el 11 de noviembre de 2024, por orden de la jueza Dania Iveth Arenas Pérez, quien en ese entonces era titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, dentro del expediente JEM

136/2021.

“Pensamos que con el amparo por fin iba a regresar a su hogar, pero lo que encontramos fue una vivienda saqueada y destruida. A sus 80 años, mi suegra sigue viviendo en una casa rentada, cuando debería estar disfrutando de su patrimonio”, lamentó Griselda Montero.

De acuerdo con la denuncia hecha pública por su nuera (Griselda Montero), el procedimiento judicial habría estado basado en un pagaré cuya firma fue falsificada, pues corresponde a su esposo ya fallecido.

“Mi suegra es otra víctima más del Fraude Inmobiliarios de Xalapa”, afirmó al solicitar la intervención de las autoridades y la difusión del caso.

Según su testimonio, el día del desalojo arribaron al domicilio los abogados Roly Domínguez Romero, Miguel Isaac Contreras Gómez Gill y Pedro Damián Atilano Cruz, acompañados por actuarios del juzgado, elementos policiacos, cerrajeros, cargadores, 4 camiones de mudanza e incluso una ambulancia.

Posteriormente, el inmueble fue adjudicado a Miriam Ceballos Ruiz y, desde ese momento, quien comenzó a habitar la vivienda fue David Domínguez Romero, hermano de Roly Domínguez Romero.

El caso se suma a una serie de denuncias públicas por Fraudes Inmobiliarios y despojos de propiedades en la capital veracruzana, en los que las víctimas señalan la posible utilización de documentos falsificados y procedimientos judiciales a modo en contubernio con abogados y notarios para apoderarse de inmuebles.