Caso contra José Manuel fue armado: Ricardo Monreal

  • Al igual que el de los 6 jóvenes.
  • Detención arbitraria, retención ilegal, actuación ilegal de la fiscal, hubo exceso del juez y abuso de autoridad del Gobierno del Estado.

Xalapa

Todo parecer indicar que el caso en contra de José Manuel “N”, detenido en el penal de Pacho Viejo, fue armado y tendrá el mismo futuro que el de los jóvenes detenido por ultrajes a la autoridad en el que se acreditó que hubo violación a sus derechos humanos, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

A través de un video que se encuentra en sus canales oficiales, el senador dijo que tal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que en la detención de los seis jóvenes en Xalapa fue ilegal, ocurrirá lo mismo con el caso de José Manuel “N”, señalado por la Fiscalía General de Veracruz (FGE) de ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, Remigio Tovar.

“Tendrá el mismo futuro, pero quién le va a quitar este sufrimiento de su familia y de sus seres queridos. Él y muchos más veracruzanos que están detenidos por la misma causa”, comentó el senador de la República en un video.

Recordó que la CNDH determinó que la detención de los jóvenes, que permanecieron cuatro meses detenidos en Pacho Viejo, fue ilegal y que se violentaron los derechos humanos al hacer una retención ilegal de los seis.

“La Comisión resolvió que fue una detención arbitraria, fue una retención ilegal durante cuatro meses, una actuación ilegal de la fiscal y un exceso del juez y un abuso de autoridad del Gobernador. Ya no es una posición personal, es de justicia y aquí la Comisión nos da la razón”.

El senador morenista aseguró que tras la resolución ahora las autoridades de Veracruz y la Fiscalía no sólo deben aceptar que incurrieron en ilegalidades, sino que deben indemnizar a los detenidos.

“Que acepten que actuaron violentamente contra los derechos humanos, que actuaron ilegalmente en la retención y detención, que violaron flagrantemente las garantías individuales y deben indemnizar económicamente y psicológicamente”.

Además, dijo que se tendrá que sancionar a los policías estatales y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, y en general a las autoridades que son responsables de tan grave violación.

Monreal Ávila advirtió que insistirá en la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, y negó que se trate de un tema político ya que dijo es un tema de justicia.

“Quitando y derogando este ominoso delito mucha gente saldrá libre, esa es nuestra lucha y no la abandonaremos. Les decimos a todos los familiares de quienes están detenidos injustamente que seguiremos luchando con respeto y prudencia, pero con firmeza por los derechos humanos de este país”; finalizó el senador.

Por su parte, los hijos de José Manuel «N», denunciaron que el Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Francisco Reyes Contreras, encarceló a su padre sin ninguna prueba, y llamaron a terminar con la injusticia.

A través de una carta pública, José Manuel, Oscar y María del Río afirmaron que el juez incurrió “en una gran injusticia al vincularlo a proceso: “La acusación obedece a una venganza política y por tanto su detención y ahora su vinculación a proceso son acciones arbitrarias que carecen de motivación y fundamento”, señalaron.

Y llamaron a detener esta injusticia, “exigimos al Tribunal del Poder Judicial del Estado de Veracruz actúe con irrestricto apego a la ley, sin violentar el principio de presunción de inocencia”.

En la carta, los hijos y la hija del secretario técnico del senado de la República enumeraron una serie de inconsistencias en las que incurrió el juez y la fiscalía durante la audiencia inicial.

Entre otras, señalaron que Del Río Virgen fue acusado a partir de conjeturas, no hay hechos ni personas que lo vinculen al asesinato.

Destacaron que el propio juez Reyes Contreras “reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del homicidio”.